Chile e o limite do projeto neoliberal

Boletim nº 6 – 21 de novembro de 2019

 

As manifestações, que irromperam no Chile a partir do dia 18 de outubro, representam uma reação ante a incapacidade do modelo neoliberal de gerar condições de bem-estar para uma parte importante da população chilena. Essa é a opinião de Neida Colmenares Mejías, professora de Ciência Política da Universidade Central do Chile. Em entrevista para o Boletim IPPUR, ela traça um panorama da situação atual do seu país, cuja população vive um processo de precarização da vida, com baixos salários e sistema de saúde em colapso.

O slogan “não são 30 pesos, são 30 anos” resume bem o contexto de crise política e econômica vivida pela Chile atual. No dia 18 de outubro, as manifestações irromperam nas ruas em razão do aumento das passagens dos transportes públicos. Em um segundo momento, ganharam mais forças e foram somadas outras demandas coletivas.

Refletir sobre o caso do Chile ajuda a entender todo uma gama de processos que vêm ocorrendo na América Latina, resultado da retomada de projetos neoliberais na região — seja o seu aprofundamento nos casos do Chile e Argentina, ou de retomada e radicalização pela direita como vemos agora na Bolívia.

Serve também para refletir sobre o contexto atual brasileiro, no qual vemos as reformas liberais sem colocadas em pauta e sendo executadas, enquanto que no campo do discurso prevalece uma narrativa moralista e conservadora. O resultado dessa receita, ao que parece, será sempre a perda de direitos.

A entrevista com Neida Colmenares Mejías¹ foi realizada pela Profa. Dra. Deborah Werner (IPPUR/UFRJ) e Fábio de Oliveira (IPPUR/UFRJ).

 

Por Deborah Werner e Fábio de Oliveira²

 

1) Las manifestaciones en Chile ocurren en un momento de profundización de la ofensiva neoliberal en América Latina. Por otro lado, las elecciones en México, Bolivia y Argentina señalan una reacción popular en contra ese modelo.

• ¿Las manifestaciones chilenas son una reacción popular contra el neoliberalismo?

 

En lo esencial, si puede considerarse que las manifestaciones chilenas son una reacción ante la incapacidad del modelo neoliberal por generar condiciones de bienestar para una parte importante de la población.

No obstante, la forma en que decante el conflicto, aún es una incertidumbre para los(as) propio(as) analistas políticos(as), porque las demandas de la ciudadanía tienen que ver con aspectos concretos en la mejora de la calidad de vida de las personas, donde se carece de interlocutores(as) claros(as) y tecno-políticos.

Esta precarización de la vida, tiene que ver con bajos salarios para el 50% de la clase trabajadora, en un contexto donde Chile se ha convertido en unos  de los países más caros de la región, además, más del 80% de la población forma parte de un sistema de salud pública colapsado, y sin duda que uno de los aspectos más críticos está en el hecho de que al menos un millón y medio de adultos(as) mayores tienen pensiones muy inferiores al salario mínimo, situándoles en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Si bien el promedio de pobreza por ingresos en el país ha disminuido sustantivamente en las últimas tres décadas (cerca de 40 puntos porcentuales menos), esto tiene expresiones asimétricas a nivel intrarregional y comunal, aspectos que contrastan, paradójicamente, con los rendimientos generales que ha mostrado la política pública chilena, cuyo crecimiento económico es destacable en la región, dotado de estabilidad fiscal, control de la inflación e indicadores positivos de gobernabilidad.

Con esto, se observa que los discursos sociales instalados en la calle apuntan hacia las reducción de las desigualdades en estas materias, lo que puede resolverse con reformas en políticas públicas que no necesariamente alteren el modelo neoliberal y centralista, es decir, que no modifiquen estructuralmente la definición de Estado subsidiario, basado en un modelo de privatizaciones y de económica de libre mercado, y esto, aún cuando existen diagnósticos académicos y políticos que señalan que es el modelo de desarrollo el que entró en crisis.

Para complementa este análisis, es necesario explicar un poco el contexto país. Desde el pasado 18 de octubre, en Chile ocurre un nivel de movilización social y de manifestaciones sin precedentes, que comienzan con la convocatoria de los(as) estudiantes secundarios(as) a la evasión del pago del transporte público como acción de rechazo ante el alza en el valor del pasaje (en 30 pesos chilenos), que va tomando fuerza en las calles con marchas y cacerolazos donde se  van sumando demandas colectivas en los relatos ciudadanos que configuran el eslogan “no son 30 pesos, son 30 años”.

De esta forma, el 26 de octubre se llegó al hito de la marcha que concentró en Santiago a más de 1.200.000 personas, a la vez de regiones movilizadas el mismo día, lo que significó la movilización más multitudinaria en la historia de Chile, instalándose en la ciudadanía la frase de “Chile Despertó”.

Si bien las manifestaciones han sido convocadas para una acción pacífica, también se vivió un alto nivel de violencia en las calles, tanto por el lado de las fuerzas represivas de Estado, como por grupos -aparentemente delincuenciales- que han cometido saqueos y vandalismos hacia bienes públicos y privados.

Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, para el 14 de noviembre se registraban 2.365 personas heridas en hospitales, de las cuales 237 poseen daños oculares permanentes, van 5.629 personas detenidas, y se ha presentado 335 acciones judiciales, donde 236 corresponden a querellas por torturas y tratos crueles y 57 por violencia sexual.

 

2) Muchas de las pautas presentadas en las manifestaciones en Chile involucran derechos y servicios públicos: no solo se contestó el precio del transporte en el metro, sino también soluciones estructurales ofrecidas para el sistema de seguridades y previsión social y para el sistema educacional.

• ¿Qué se puede esperar de las clases dirigentes, económicas y políticas, en términos de reformas estructurales?

 

Lo primero que hay que señalar para referirse al papel que está jugando la clase política chilena, es que sin duda hay una crisis de legitimidad política expresada en la desconexión y desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes políticos y hacia las instituciones del Estado.

Esto tampoco es una sorpresa, distintos estudios ubicados en el campo de la Ciencia Política han mostrado como Chile registra escandalosos promedios de baja participación política electoral y de bajos niveles de confianza institucional, donde menos del 5% de la población milita y confía en los partidos políticos, las aprobaciones actuales a la acción del gobierno, y del presidente en particular, están por debajo del 15%, y menos del 3% de la población confía en el parlamento.

Claramente estamos frente a una escena crítica, que explica que los primeros 23 días del conflicto girarán entorno a la dicotomía de convocar al diálogo entre el gobierno y la ciudadanía, siendo que tal movimiento social, se constituye como expresión popular auto convocada, inorgánica, en el sentido tradicional de contar con “lideres o lideresas” que operen como interlocutores(as) en su nombre, por lo tanto, la pregunta era ¿con quien hablar, con quien(es) negociar?

En este contexto, y con el pasar de los días, se ha visto una articulación de los sectores de oposición que, si bien es poco fluida y avanza lento, ha logrado algunos hitos en declaraciones, para tratar de responder a las demandas ciudadanas, y evitar la instalación del discurso que propenda al “que se vayan todos y todas”, lo que puede trasladar esta crisis social y política a una crisis institucional que atente contra el sistema democrático.

Los esfuerzos de los(as) actores(as) políticos(as) del ejecutivo, del parlamento y de los distintos partidos políticos hoy se centran en la discusión de tres aspectos, que pueden ser considerados los ámbitos sensibles para la materialización de las primeras reformas estructurales del modelo, derivadas de la presión popular manifiesta en las calles desde el pasado 18 de octubre.

Estos ámbitos son, en primer lugar, la recuperación del orden social. Para el gobierno y los partidos oficialista, el énfasis está en el cese de la violencia que se ha dado en algunas manifestaciones, ocasionando daños a bienes públicos y privados, y para lo cual, ya se han despachado leyes en materia de seguridad nacional; mientras que para la sociedad civil, y los sectores de oposición en su mayoría, este elemento tiene que ver con  el cese de la violación de los derechos humanos que han derivado del uso excesivo de las fuerzas represivas del Estado hacia los(as) ciudadanos(as) que han participado en las manifestaciones.

En segundo lugar, está en proceso la discusión por cómo canalizar la demanda por una nueva constitución, y aquí hay un hito relevante, porque todos los sectores del oficialismo y casi todos los de oposición, producto de la presión social, lograron establecer un acuerno nacional para realizar en abril del 2020 un plebiscito ratificatorio para una nueva carta fundamental, que incorpore la consulta por el mecanismo, y se estableció el consenso de comenzar este proceso constituyente con lo que se ha denominado  “una página en blanco”, lo que constituye el fin de la constitución de 80, que fue elaborada en dictadura militar.

Por último, está la propuesta de construcción de una agenda social de corto y mediano plazo, que tiene como principales desafíos, el resolver acciones de política pública que puedan mejorar los bajos ingresos (salarios) de las familias, la precariedad en el sistema de pensiones y la ineficiencia del sistema de salud pública.

 

3) Chile, a diferencia de Brasil, construyó una memoria colectiva crítica acerca del autoritarismo dictatorial de Pinochet, período que puede ser considerado la cuna del neoliberalismo económico.

• ¿Existe un debate acerca de las raíces y vínculos históricos entre el autoritarismo y el neoliberalismo contemporáneos con el pasado?

 

Los hechos que se han desarrollado a partir de este estallido social en Chile, dejan de manifiesto que, en la memoria y el discurso político de una gran parte de la sociedad chilena, existe una condena profunda a la violación de los derechos humanos y el rechazo hacia cualquier forma de violencia política del Estado a la hora de referirse e impulsar acciones para mantener el orden social.

Este es un aprendizaje que desde el punto de vista politológico y sociológico tiene gran valor para la democracia, porque la cultura de los derechos y su imposición como principio regulador de las fuerzas represivas del Estado, en el logro del orden social, es una acción civilizatoria.

Ahora, la discusión sobre la génesis y los vínculos de las reformas neoliberales en relación al autoritarismo es un debate que ha estado presente en Chile desde el retorno a la democracia, y que en este proceso de conflicto social y político se pone de manifiesto cuando se pide un cambio constitucional fundamentado en que la constitución vigente fue una de las principales reformas generadas por el régimen militar, que facilitó las condiciones para las sucesivas políticas neoliberales pinochetistas.

 

4) Los últimos años de la década de 1990 fueron de creciente resistencia respecto a las políticas neoliberales en varios países latinoamericanos. Los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y los partidos de izquierda fueron los protagonistas de ese contexto, como lo ejemplifica el Foro Social Mundial.

• ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con la coyuntura que experimentamos hoy?

 

Lo que ocurre en Chile no parece ser un proceso distinto, o totalmente nuevo, a las trayectorias de resistencias y de denuncia sobre los costos del modelo neoliberal, que han llevado adelante durante años números movimientos sociales, partidos políticos e intelectuales de izquierda.

Por el contrario, hace sentido pensar que es un acumulado de insatisfacciones, que particularmente en Chile ha encontrado ciertos detonantes que han generado condiciones para llegar a este nivel de estallido social.

Al menos, reconozco tres antecedentes y dos elementos que a mi juicio operan como impulsores de este hecho.

En cuanto a lo primero, los antecedentes, destacan:

 

(i) El movimiento estudiantil secundario que se va configurando desde el año 2006, que pusó en la agenda política la necesidad de situar a la educación como derecho y no como bien de consumo, y que luego se potencia con el movimiento universitario del año 2011, que logró presionar al Estado para avanzar hacia una política de gratuidad, que aún cuando no es universal para todos(as) los(as) jóvenes(as) chilenos(as), abarca hasta el sexto decil de menos ingresos de la población.

(ii) El movimiento NO + AFP, que desde año 2017 muestra evidencias y capacidad de movilización en contra de un modelo de previsión social que no asegura una vejez digna, por el contrario, que precariza la vida  de los(as) adultos(as) mayores, y que además dejó en evidencia la inconsistencia de un modelo de pensiones  basado en la capacidad de ahorro de las familias (capitalización individual), cuando los hogares chilenos en general dan cuenta de bajos ingresos, precariedad laboral, y altos niveles de endeudamiento.

(iii) La llamada cuarta ola feminista, que aparece con mucha fuerza desde el año 2018, y que tuvó como hito el 8M de 2019, con una macha que movilizó a más de 800 mil en personas a favor de la lucha erradicar las desigualdades y las violencias de género en todas sus manifestaciones.

 

Estos tres movimientos se han ido conectando con otros sectores de la sociedad, como lo son los(as) profesores(as), migrantes, ambientalistas, pueblo mapuche, regionalistas, defensores(as) de la niñez, entre otros, para ir generando un pliego de demandas que hoy configura un petitorio complejo de problemas públicos que interpelan al Estado.

En cuanto a los detonantes, por un lado, está la exacerbación del éxito económico y social de modelo chileno, que si bien tiene méritos en materia de disminución de la pobreza, ha generado más expectativas de las que puede cumplir, porque no ha sido capaz de avanzar en un proceso de modernización del Estado más descentralizado, que permita dotar de mayor pertinencia a las respuestas gubernamentales a la hora de resolver los problemas públicos.

En segundo lugar, esta el vacío que han dejado los partidos políticos en la tarea de generar formación política en la ciudadanía, y en tensionar al Estado para que responda eficaz y eficientemente a las demandas ciudadanas.

Este vació se ha pretendido resolver con políticas públicas que asuman objetivos de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de participación ciudadana, condicionando esta participación al logro de resultados instrumentales que ponen a la ciudadanía al servicio de la oferta pública, y no la oferta pública al servicio de resolver los problemas públicos y las expectativas de las personas.

De esta forma, el estadillo social a la vez de mostrar a una sociedad con ganas de participar y de conversar sobre política(s), también da cuenta de una desafección estructural con las estructuras formales de participación y representación, lo que constituye un hecho grave y riesgoso para la democracia, que requiere de los partidos políticos esfuerzos urgentes y sustantivos por recuperar la confianza ciudadana y entrar en sintonía con la expectativa de una nueva agenda social, para evitar entrar en espirales de anarquías.

 

5) Brasil experimentó manifestaciones callejeras en sus principales ciudades en el 2013. Sin embargo, en los años siguientes la extrema derecha ascendió como solución política.

• ¿Es posible que esto también suceda en Chile?

 

En un contexto de crisis de legitimidad de todos los partidos políticos, y de baja o nula credibilidad hacia las instituciones, siempre existe la posibilidad para que sectores radicales puedan situarse como opción política.

No obstante, el tipo de demandas que se han establecido a partir del estallido social en Chile, y que a la fecha se organizan principalmente en dos prioridades: una nueva constitución ratificada mediante plebiscito ciudadana, donde además se consulte el mecanismo,  y la creación de una agenda social de corto y mediano plazo, que tiene como eje del discurso superar las desigualdades, generan condiciones para que los sectores de centro e izquierda, puedan jugar un papel importante en la configuración de la respuesta del Estado y conectar con la ciudadanía.

 

6) ¿Qué rol los grandes Medios están jugando en este proceso? ¿Chile, como Brasil, experimenta la política a través de las redes sociales?

Los medios de comunicación no solo han estado abocados a informar (o desinformar según las distintas perspectivas), sino que también han sido objeto de severas críticas por parte de distintos actores políticos y sociales chilenos, a propósito de sus contenidos y discursos en el desarrollo de las manifestaciones.

 

En las primeras dos semanas del estallido social en Chile, lo que se observó fuertemente fue la acusación sobre los medios tradicionales, por parte de la ciudadanía, de operar en un plano de desinformación del movimiento, en tanto se mostraban casi exclusivamente solo los hechos de violencia (saqueos, quemas, protestas) vividos en las calles, invisibilizando las acciones de protestas (marchas, eventos culturales, cacerolazos) que daban cuenta de imágenes de concentraciones pacíficas que también fue parte de este movimiento social.

Lo interesante es que está denuncia sobre los medios tradicionales, y parte sustantiva de la información y los análisis sobre los hechos que iban desarrollándose desde el 18 de octubre en adelante, circuló por redes sociales, en cierto modo, como una especia de contra medio informativo, o como parte de las nuevas formas de comunicación política y de expresión ciudadana.

En concreto, “los slogans” que iban caracterizando los distintos momentos, percepciones y discursos del movimiento ciudadano, podríamos decir con certeza, que se materializaban y propagaban en la forma de hashtag en redes sociales: #RenunciaPiñeraAhora #ChileDespierta  #ChileDespertó #NuevaConstitución #ChileCambio

De esta forma, las redes sociales se han constituido en el nuevo medio de comunicación política de los movimientos sociales del siglo 21, su rapidez, versatilidad y adecuación a un segmento joven de la sociedad, las hace una herramienta potente para la Ciencia Política y el estudio de estos fenómenos sociales y políticos.

Si es importante mencionar que en el balance que se realiza por algunos(as) expertos(as) en la materia, dan cuenta de dos contribuciones centrales que tuvieron las redes sociales en este proceso que ha vivido Chile.

Primero, permitieron proporcionar información a la ciudadanía de hechos que estaban ocurriendo y que no se estaban mostrando por los canales de televisión, lo que incidió en un cambio de foco en la forma en que estos medios tradicionales estaban trasmitiendo las noticias, e instaló la denuncia de la violación de los derechos humanos de personas que estaban participando en las manifestaciones.

Segundo, se registraron situaciones (saqueos, concentraciones, vulneraciones de derechos, etc) que han servido de evidencia, tanto para los organismos policiales del Estado, como para el Instituto de Derecho Humanos, sobre los hechos ocurridos en el desarrollo de estas manifestaciones.

En ese sentido, una reflexión significativa, incluso un desafío para las democracias, es avanzar hacia una relación de complementariedad entre los medios tradicionales y las redes sociales en la comunicación de procesos tan complejos como los vividos este último mes en Chile, teniendo como imperativo ético la veracidad de la información que se trasmite y la responsabilidad que tienen los medios en la consolidación de la democracia mediante el derecho a la información que tiene la ciudadanía.

 

¹Doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid; máster en Políticas Públicas por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de España; magíster en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS). Cientista política por la UVM, Venezuela, título revalidado por la Universidad de Chile.

Diplomada en Género y Sociedad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLACSO), diplomada en Docencia para la Educación Superior por la Universidad Central, con estudios de especialización en Planificación Multiescalar y Gobernanza Multinivel (CEPAL -ILPES). Más de 15 años de experiencia en el área de política y programas sociales en varios países de América Latina y El Caribe. Experiencia como consultora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), académica e investigadora de FLACSO -Chile, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP). Actualmente, académica y directora de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile.

 

²Docentes de IPPUR/UFRJ.